Alza de impuestos: un nuevo escenario
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La reforma tributaria que busca el Gobierno enfrenta un nuevo escenario político del cual el Ministerio de Hacienda sólo parece hacerse cargo parcialmente y con mucha reticencia.
Tras haberla convertido -innecesariamente- en un pilar de su programa, el rechazo de su primera propuesta en la Cámara de Diputados debió funcionar como una señal de alerta respecto de que la reforma requería cambios de fondo para ser políticamente viable. Pero más allá de abandonar la idea del impuesto al patrimonio y de rebautizar el proyecto como “pacto fiscal”, los cambios que propuso el Ejecutivo fueron más retóricos que de fondo.
La aprobación del polémico royalty a la minería, el sustancial crecimiento de las contrataciones públicas y, sobre todo, el prolongado estancamiento de la economía nacional que se arrastra por más de una década -agravado por el shock de la pandemia, el aumento de la inflación y diversos desincentivos a la inversión- no hacen sino confirmar el diagnóstico de que las alzas de impuestos no son la receta indicada para la reactivación económica, más bien lo contrario.
Por otra parte, el elevado número de programas estatales mal evaluados que siguen vigentes -y que no se propone eliminar o modificar en lo medular-, sumado al reciente escándalo de recursos públicos destinados a financiar fundaciones de dudosa (o nula) rentabilidad social, en algunos casos posiblemente de forma ilegal, debilitan aun más el argumento de que una mayor recaudación fiscal es una condición necesaria para aliviar problemas sociales y de desigualdad.
El rechazo de los gremios empresariales a mayores alzas de impuestos debe entenderse en este contexto, que no cambia en lo sustancial con los nuevos anuncios de Hacienda sobre incluir -ahora sí- medidas pro crecimiento e inversión en el pacto fiscal.
Es claro que el país necesita un debate serio y de fondo sobre cómo mejorar la manera en que Estado gasta los recursos públicos antes de contemplar una mayor recaudación fiscal. Y ello por fuerza demanda plazos más extensos que los que el Gobierno pretende para impulsar su reforma tributaria, pese a que pueda interpretarlo como un duro traspié político.
